Por Dr. Luciano Nicolás Martínez, abogado y director de Martínez & Asociados.

Hace algunos días escribí sobre la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y los desafíos de su implementación. Poco después, la Justicia bonaerense dispuso suspender preventivamente su aplicación por 60 días.

Más allá de la discusión jurídica sobre esa decisión, lo ocurrido deja una pregunta que excede al derecho penal juvenil: ¿alcanza con sancionar una buena ley para construir una buena política pública? Creo que no.

Vigencia normativa no es capacidad de implementación

Una norma puede ser jurídicamente sólida, responder a una demanda social y alcanzar los consensos necesarios. Pero su efectividad depende también de la capacidad del Estado para implementarla.

La aplicación del Régimen Penal Juvenil no depende solamente de jueces y fiscales. Requiere defensores, equipos interdisciplinarios, dispositivos especializados, infraestructura, presupuesto, sistemas de información y coordinación entre Nación, provincias y organismos. Una ley puede comenzar a regir en una fecha determinada, pero las capacidades estatales no se crean automáticamente con su publicación en el Boletín Oficial. Cuando la distancia entre lo que la norma dispone y lo que las instituciones pueden hacer es demasiado grande, aparece una brecha de implementación.

El problema entonces se traslada a jueces, fiscales, defensores y funcionarios, que deben resolver sobre la marcha lo que quizás debería haberse anticipado durante el diseño.

Las preguntas que una reforma debería hacerse

  • ¿Tenemos la infraestructura necesaria?
  • ¿Contamos con los recursos humanos?
  • ¿Hay presupuesto asignado y ejecutable?
  • ¿Cómo se coordinarán las jurisdicciones?
  • ¿Quién será responsable de cada etapa?
  • ¿Cómo vamos a medir los resultados?

No son cuestiones meramente administrativas: son cuestiones de capacidad estatal y, en definitiva, de gobernabilidad. Frente a una reforma no alcanza con preguntarnos qué ley queremos; también tenemos que preguntarnos qué Estado necesitamos para poder cumplirla. Una ley no es exitosa solo porque consiguió los votos: su verdadero examen comienza cuando sale del Boletín Oficial y se encuentra con la realidad.

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